Los tratados de comercio entre los países han hecho que los miembros deban cumplir algunos requisitos mínimos. Algunos de estos criterios, aunque sabemos que en la lógica del libre comercio no es prioritario, es el tema ambiental.
Hace unos meses el gobierno de Estados Unidos advirtió a México de la urgencia de medidas para equiparar la manera en que se llevan a cabo la pesca en E.U. y la abrupta necesidad de la protección de las tortugas caguama o amarilla (Caretta caretta) del Pacífico norte, debido a su alta mortandad por la pesca incidental.
Entre las medidas que el gobierno mexicano adoptaría está el acuerdo por el que se establece el área de refugio para la tortuga amarilla (Caretta caretta) en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, promovido por la Semarnat. Sin embargo, organizaciones sociales como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Defenders of Wildlife han denunciado que la Conapesca y el gobierno de Baja California Sur han detenido, inexplicablemente, la publicación del acuerdo para la protección la tortuga en el Diario Oficial de la Federación; lo que además, podría significar un embargo pesquero para los habitantes de la zona, lo que desembocaría en un conflicto social y ambiental, por la pesca ilegal.
Cabe apuntar que la tortuga amarilla está en peligro de extinción. Las organizaciones sociales exhortan a la Semarnat a que la proteja como es su responsabilidad legal, aún si la Conapesca está incumpliendo su responsabilidad, con la protección de la tortuga.
Las organizaciones señalan este capítulo donde las distintas autoridades mexicanas actúan sin una política sincronizada de cuidado a la naturaleza; como si las especies amenazadas debieran esperar a que los políticos logren ponerse de acuerdo en hacer su trabajo.
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